Izquierda Unida informa que nunca se opuso al proyecto de Mercadona, pero manifiesta imperioso interés en saber por qué, habiendo áreas de oportunidad más extensas y bien comunicadas en el pueblo, el Alcalde comete un presunto delito al ubicar el supermercado en un lugar destinado a viviendas, y lo que es más grave aún, por qué misterioso motivo deja que se inicien las obras sin las licencias pertinentes. El Alcalde tendrá que explicar estas cuestiones sobre la relación que ha mantenido con la potentada empresa, porque la única explicación posible hasta el momento dista mucho de ser legal.
Ante tales hechos, al actual grupo de Concejales de IU, no le que ha quedado más remedio que poner los hechos en conocimiento del Juzgado, siguiendo los parámetros que dictó la asamblea Local y mirando siempre por el interés de los ciudadanos. A ninguno de los algabeños se les permite iniciar obras sin licencia, y menos aún comenzar obras en terrenos destinados a otra cosa. Izquierda Unida exige saber las razones de estas acciones que, según el CAPÍTULO PRIMERO del Título XVI del Código Penal, son catalogadas como “delito urbanístico”.
martes, 30 de abril de 2013
El alcalde de La Algaba imputado por delito urbanístico por segunda vez
El alcalde de la localidad de La Algaba, Diego Manuel Agüera Piñero, ha sido imputado por la presunta comisión de un delito urbanístico.
El edil habría supuestamente otorgado una licencia provisional al supermercado Mercadona para que ésta construyera un aparcamiento exterior, cuyas obras no tendrían carácter provisional. Se tenía previsto el establecimiento de calzadas, acerados, vados, rampas, escaleras, alumbrado público, colector, acometida, imbornales, cimentaciones y cerramientos, todo ello sin haberse aprobado proyecto de urbanización, proyecto de reparcelación y estudio de detalle de la zona. Por lo que no tendría sentido el otorgamiento de Licencia Provisional, para elementos permanentes ya que todo lo autorizado de forma provisional ha de ser reversible.
La licencia provisional se concede en un suelo urbano no consolidado, sin viales ni distribución de las parcelas de los titulares de las fincas y sin aprobación definitiva de las normas de planeamiento del sector denominado Huerta Andrés, donde al mismo tiempo el supermercado mencionado, con la permisividad del Ayuntamiento, comenzó a construir el establecimiento comercial que tenía previsto construir junto al aparcamiento "provisional" supuestamente concedido, y sin Licencia Legal para ello.
A pesar de que Mercado comenzó a realizar el establecimiento comercial sin licencia, el Gobierno local no ordenó la demolición de las obras ejecutadas, dejando a dicha entidad continuarlas, supuestamente, sin aprobación definitiva del planeamiento y los instrumentos urbanísticos correspondientes.
Según un comunicado de IU, "la defensa del alcalde ha sido contratada recientemente, justo tras recibir éste las primeras noticias sobre esta investigación por parte del Juzgado, a un conocido Bufete de la Capital por un importe de 70.800 € anuales a cargo del Consistorio".
El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha manifiestado “no entender los motivos que llevaron al alcalde a saltarse, supuestamente, la legalidad, habiendo zonas muchos más amplias destinadas en el PGOU para estos fines”. Por esta segunda imputación en menos de un año la portavoz Municipal de IU, María Isabel Fernández, exige la dimisión de Diego Manuel Agüera.
martes, 9 de abril de 2013
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viernes, 15 de febrero de 2013
martes, 1 de enero de 2013
La revisión del Catastro afecta en 2013 a La Algaba, Benacazón, Coria del Río y Gines · Andalucía Información
La revisión del Catastro afecta en 2013 a La Algaba, Benacazón, Coria del Río y Gines · Andalucía Información
Con el nuevo año 2013 se incrementa la valoración de los inmuebles, a efectos de IBI o contribución urbana, de unos 250 municipios de toda España, entre los que se encuentran cuatro de la provincia de Sevilla: La Algaba, Benacazón, Coria del Río y Gines. Por tanto, los residentes en estas localidades pueden sufrir un triple impacto en sus bolsillos si son propietarios de viviendas: la derivada de la Ordenanza Fiscal que apruebe cada Ayuntamiento, el incremento general de tipos decretado por el Gobierno de Rajoy a finales de 2011 y la aplicación de los trabajos técnicos realizados por los responsables del Catastro en el marco de las respectivas Ponencias de Valores.
La ley establece que la revisión catastral debe realizarse cada diez años, como mínimo, desde la aplicación de la Ponencia de Valores referida a cada municipio y que han de ser los Ayuntamientos los que cursen la petición a la Dirección General del Catastro para poner en marcha el procedimiento de revisión.
El valor catastral de una vivienda es un valor administrativo fijado de forma objetiva y que resulta de la aplicación de los criterios recogidos en la Ponencia del municipio correspondiente. Para determinar el valor catastral de un inmueble se consideran esencialmente los siguientes elementos:
-Su localización, las circunstancias urbanísticas que afectan al suelo y su aptitud para la producción.
-El coste de ejecución material, honorarios profesionales y tributos que la gravan, el uso, la calidad y la antigüedad, el carácter histórico-artístico y otras condiciones.
-Los gastos de producción y beneficios de la actividad de empresas de promoción, o los factores que correspondan en los supuestos de inexistencia de la misma.
Con carácter general, el valor catastral de los inmuebles no puede superar el de mercado.
En los municipios afectados por la revisión de los valores catastrales, éstos serán tenidos en cuenta para el cálculo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de 2013, si bien la ley permite repartirlos a lo largo de los próximos diez años, para mitigar el efecto de la subida.
El porcentaje de incremento dependerá de cada localidad, pero además hay que tener en cuenta que en estos municipios el gravamen que se aplica en el IBI se incrementará en un 10%; un 6%; o un 4%, dependiendo de si la última revisión catastral anterior se realizó antes de 2002; entre 2002 y 2004, y entre 2008 y 2011, respectivamente, como consecuencia de las medidas aprobadas por el Gobierno hace poco más de un año para reducir el déficit público.
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